En el ecosistema político de la capital, los libros de revelaciones suelen levantar polvo, pero cuando se contrastan con la gaceta gubernamental, a veces la narrativa hace agua. La reciente publicación de Julio Scherer enfrenta serias dudas por sus evidentes inconsistencias documentales.
El foco de la polémica radica en las críticas que el exfuncionario lanza contra el decreto de compensación para los ex integrantes de Luz y Fuerza del Centro (LyFC). El texto asume un manejo irresponsable que riñe frontalmente con lo publicado, negro sobre blanco, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Analistas jurídicos que le han echado lente al asunto advierten una contradicción mayúscula. Quien fuera el principal abogado del Estado mexicano parece haber omitido en sus páginas los rigurosos candados técnicos que precisamente protegen el patrimonio nacional en este arreglo laboral.
El contraste más evidente salta a la vista en la sección de los dineros. Mientras la obra literaria habla de un derroche orquestado en Palacio Nacional, el documento oficial decreta, con todas sus letras, que el presupuesto del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) debía absorber el impacto total.
Esta divergencia no es un detalle menor en la crónica de nuestra urbe. Acusar un boquete al erario ignorando que la propia ley prohibió expresamente solicitar ampliaciones presupuestales resulta, a los ojos de los revisores del gasto público, en un cálculo que simplemente no cuadra.
Además, la obra deja en el tintero el componente jurídico que originó el conflicto. El autor omite mencionar que la llave indispensable para acceder a estos recursos era la renuncia definitiva a los juicios laborales que mantenían contra las cuerdas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Al hacer mutis sobre este desistimiento masivo, la narrativa del libro cojea de una pata fundamental. Desactivar el jugoso negocio de los despachos privados en las juntas de conciliación representó una contención de daños que brilla por su ausencia en las páginas de la crítica.
Para el lector de a pie, desenredar esta madeja requiere tener el DOF en una mano y el libro en la otra. Papelito habla, y los anexos técnicos del gobierno muestran un esquema de operación que contradice tajantemente la versión del descontrol administrativo vertida en la obra.
A final de cuentas, el expediente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) sigue sumando tomos. Sin embargo, las omisiones de la obra editorial dejan claro que, en el periodismo y en el derecho, los datos duros siempre terminan por sacar los trapitos al sol.
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