Por Bruno Cortés
En un país donde hablar de ciencia y tecnología todavía suena como lujo y no como necesidad, el diputado Humberto Ambriz Delgadillo, del PRI, propuso algo que podría cambiar las reglas del juego: obligar al Estado mexicano a invertir, por ley, al menos el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en ciencia, tecnología, humanidades y proyectos de investigación. Sí, que no sea a voluntad del gobierno en turno, sino una obligación legal, pase lo que pase.
Para muchos, puede sonar a algo lejano, técnico o incluso aburrido. Pero en la vida diaria, esto podría ser la diferencia entre seguir importando tecnología carísima o empezar a desarrollarla aquí mismo. Significaría, por ejemplo, que más chavos puedan hacer ciencia en laboratorios bien equipados, que haya más investigaciones aplicadas a resolver problemas reales (como el agua, la energía, la salud) y que México deje de estar a la cola en competitividad tecnológica.
La propuesta busca reformar la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y suena lógica si uno se asoma a los números. En los últimos años, el presupuesto federal para ciencia y tecnología ha sido como el clima: impredecible. A veces se incrementa poquito, pero muchas otras veces se recorta sin piedad. Eso ha dejado a un ejército de investigadoras e investigadores colgados de la brocha, sin recursos ni condiciones para trabajar como se debe.
Y el problema no es solo de quienes se dedican a la ciencia. Es de todos. Porque un país que no invierte en conocimiento, está condenado a rezagarse frente al mundo. No es casualidad que las economías más fuertes —Corea del Sur, Alemania, Japón— inviertan más del 2% de su PIB en innovación. México, en cambio, ni siquiera llega al 0.5%.
Ambriz Delgadillo lo plantea claro: si queremos que las nuevas generaciones tengan herramientas para competir en un mundo que ya gira alrededor de la tecnología, la inteligencia artificial y la ciencia de datos, hay que poner el dinero donde están las palabras. No basta con discursos bonitos sobre el “futuro de la juventud”; hay que pagar por él.
La iniciativa también busca darle certeza jurídica al sector académico, empresarial y gubernamental. En cristiano: que todos sepan con qué reglas se juega, cuánto dinero habrá y en qué se puede usar. Porque sin reglas claras, los proyectos se estancan, los talentos se van al extranjero y el país sigue perdiendo oportunidades.
El documento ya fue turnado a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Cámara de Diputados, donde tendrá que abrirse paso entre intereses políticos, recelos presupuestales y el eterno “no hay dinero”. Pero lo que está sobre la mesa es más que una reforma legal: es una pregunta clave para el futuro de México.
¿Vamos a seguir improvisando con la ciencia, o por fin vamos a tomárnosla en serio?
