Ciudad de México, 15 de noviembre de 2025. El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma que incrementa en dos terceras partes las penas por lesiones cometidas por razones de género o por prejuicio hacia personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no normativas. La medida busca fortalecer la respuesta penal ante agresiones motivadas por discriminación estructural, informó el Legislativo capitalino.
El dictamen aprobado reforma el artículo 131 y adiciona el artículo 131 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, iniciativa presentada por la jefa de gobierno, Clara Marina Brugada Molina, según precisó el Congreso local. Con ello, se reconoce como agravante la violencia física ejercida por motivos de género o discriminación, con el fin de armonizar el marco jurídico con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Durante la sesión, la diputada Diana Sánchez Barrios, de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, señaló que la iniciativa responde a la persistencia de múltiples formas de violencia en la capital, particularmente contra mujeres y personas con identidades o expresiones de género no normativas. Subrayó que estas agresiones vulneran la dignidad y seguridad de la ciudadanía, lo que exige actualizar el marco penal.
Sánchez Barrios destacó que el objetivo de la reforma es reconocer la dimensión estructural de estas violencias y sancionarlas de manera proporcional. Afirmó que las víctimas enfrentan sistemas de desigualdad e impunidad que deben ser combatidos mediante herramientas legislativas que garanticen acceso efectivo a la justicia.
El dictamen, promovido por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, establece que cuando las lesiones sean cometidas por razones de género o prejuicio, la pena aplicable aumentará en dos terceras partes. La modificación no busca un incremento punitivo indiscriminado, aclaró la legisladora, sino una adecuación racional que permita visibilizar las motivaciones discriminatorias detrás de estos delitos.
Al razonar su voto, la diputada Nora Arias Contreras (PRD) afirmó que la reforma actualiza las sanciones para responder a nuevas formas de violencia. Indicó que el objetivo es asegurar que la reparación del daño sea justa y proporcional, además de enviar un mensaje claro de que ninguna agresión física, psicológica o simbólica quedará impune.
La congresista Jannete Elizabeth Guerrero Maya (PT) respaldó la iniciativa al calificarla como un avance histórico en la lucha por la igualdad y por una vida libre de violencia. Añadió que el Estado contará con mejores herramientas para sancionar de forma diferenciada las agresiones motivadas por discriminación o prejuicio.
En tanto, la legisladora Cecilia Vadillo Obregón (Morena) afirmó que la reforma implica un cambio de paradigma al concebir la justicia desde una perspectiva de género. Sostuvo que la medida permitirá catalogar los delitos de manera más precisa y garantizar un modelo de procuración de justicia más eficiente y accesible para las víctimas.
Las autoridades legislativas reiteraron que la aprobación de estas modificaciones representa un paso decisivo para combatir la violencia estructural que afecta a miles de mujeres y grupos vulnerados en la ciudad.
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